Como anunciáramos en la entrada anterior, debido a la entidad
de algunas de las decisiones que podían –y pueden- condicionar no sólo el
devenir de esta legislatura sino también de las siguientes, el pleno de anteayer
tenía una importancia significativamente mayor a la habitual. Nos estamos
refiriendo, efectivamente, a la aprobación de pagos de la indemnización a las
promotoras del proyecto de urbanización de Muriola y San Telmo. Además de este
punto, que fue sin lugar a dudas el que más tiempo consumió y explicaremos
con mayor detalle, también se comentaron
algunos otros puntos que trataremos de resumir en las siguientes líneas de
manera más sucinta.
Nuestra primera intervención fue para criticar la escasa
actividad del equipo de gobierno en lo que llevamos de año. Los escasos decretos de alcaldía así como la
inactividad de las Junta de Gobierno en estos tres primeros meses así lo
atestiguan: Se han aprobado en lo que va de año solamente 21 decretos (15 desde
el Pleno anterior) y las juntas de
gobierno, que también tienen carácter ejecutivo, de celebrarse dos cada mes
se ha pasado a una. Como sabéis la oposición está excluida de ese órgano
ejecutivo y tenemos que enterarnos a través de las actas de las decisiones que
ahí se toman. Pues según esas actas la sesión del 31 de enero se saldó con una reunión
de 15 minutos, y la del 28 de febrero en 40 minutos. Ninguna decisión relevante
se tomó en ellas y ni tan siquiera se han resuelto aún las subvenciones de 2016,
que este año parece que van a batir el record en retraso. Tenemos que tener en cuenta que
cuando PNV e Ibarrika decidieron formar este órgano (sólo obligatorio en
municipios de más de 5.000 habitantes) lo hicieron con el “argumento” de ser
más ágiles en la gestión. Por todo lo anterior es muy difícil que el equipo de
gobierno (PNV + Ibarrika) puedan ni tan siquiera contestarnos cuando afirmamos
que la única función conocida de ese órgano es la de repartirse dietas entre
sus miembros (120 euros para cada uno por sesión). De hecho, ni tan siquiera
nos responden y cuando lo hacen, como el caso del portavoz de Ibarrika, es para
decirnos que él está ahí con la función de asesorar al equipo de gobierno y que
si no le hacen caso pues ya no es su responsabilidad. Es decir, al parecer el
concejal y representante de Ibarrika, cuando acude (a cobrar a la Junta de Gobierno)
no lo hace en calidad de concejal sino de asesor municipal. Lo cual, según su esperpéntica
argumentación, le absolvería de todas las decisiones que ahí se toman (y que siempre
llevan su voto favorable).
