PLENO: PNV E IBARRIKA CONSUMAN EL ATRACO AL AYUNTAMIENTO I

Como anunciáramos en la entrada anterior, debido a la entidad de algunas de las decisiones que podían –y pueden- condicionar no sólo el devenir de esta legislatura sino también de las siguientes, el pleno de anteayer tenía una importancia significativamente mayor a la habitual. Nos estamos refiriendo, efectivamente, a la aprobación de pagos de la indemnización a las promotoras del proyecto de urbanización de Muriola y San Telmo. Además de este punto, que fue sin lugar a dudas el que más tiempo consumió y explicaremos con  mayor detalle, también se comentaron algunos otros puntos que trataremos de resumir en las siguientes líneas de manera más sucinta.

Nuestra primera intervención fue para criticar la escasa actividad del equipo de gobierno en lo que llevamos de año. Los escasos decretos de alcaldía así como la inactividad de las Junta de Gobierno en estos tres primeros meses así lo atestiguan: Se han aprobado en lo que va de año solamente 21 decretos (15 desde el Pleno anterior) y las juntas de gobierno, que también tienen carácter ejecutivo, de celebrarse dos cada mes se ha pasado a una. Como sabéis la oposición está excluida de ese órgano ejecutivo y tenemos que enterarnos a través de las actas de las decisiones que ahí se toman. Pues según esas actas la sesión del 31 de enero se saldó con una reunión de 15 minutos, y la del 28 de febrero en 40 minutos. Ninguna decisión relevante se tomó en ellas y ni tan siquiera se han resuelto aún las subvenciones de 2016, que este año parece que van a batir el record en retraso. Tenemos que tener en cuenta que cuando PNV e Ibarrika decidieron formar este órgano (sólo obligatorio en municipios de más de 5.000 habitantes) lo hicieron con el “argumento” de ser más ágiles en la gestión. Por todo lo anterior es muy difícil que el equipo de gobierno (PNV + Ibarrika) puedan ni tan siquiera contestarnos cuando afirmamos que la única función conocida de ese órgano es la de repartirse dietas entre sus miembros (120 euros para cada uno por sesión). De hecho, ni tan siquiera nos responden y cuando lo hacen, como el caso del portavoz de Ibarrika, es para decirnos que él está ahí con la función de asesorar al equipo de gobierno y que si no le hacen caso pues ya no es su responsabilidad. Es decir, al parecer el concejal y representante de Ibarrika, cuando acude (a cobrar a la Junta de Gobierno) no lo hace en calidad de concejal sino de asesor municipal. Lo cual, según su esperpéntica argumentación, le absolvería de todas las decisiones que ahí se toman (y que siempre llevan su voto favorable).

Retornando a temas serios, el punto fuerte de la noche consistió en el debate y posterior votación del Plan de Pago presentado por el Alcalde. Resumiendo, en él, por un lado, se asume la tesis defendida desde un primer momento por la Diputación en la que se entiende que por solidaria cada una de la partes (Diputación y Ayuntamiento) deben pagar la mitad de la deuda, que en el mejor de los casos ascenderá a 760.000 por institución (luego veremos por qué decimos en el mejor de los casos). Como hemos reiterado en numerosas ocasiones solidario no quiere decir que deba pagarse a medias, porque incluso una de las partes podría asumir toda la carga de la indemnización, por tanto conviene tener claro que responsabilidad compartida y solidaria no implica pagar a medias, existen muchas otras fórmulas posibles). Por otro lado, el objetivo del Plan de Pago es hacer ver al Juzgado que el Ayuntamiento no puede afrontar en un solo pago toda la indemnización y después de justificar una serie de inversiones (que ya deberían haber estado hechas hace tiempo, como saneamientos, rehabilitación de Kantarranas e incluso la primera fase de la recuperación medioambiental de Muriola) se ofrece fraccionar la indemnización en una primer pago de 200.000 euros (que aportaría la Diputación) y durante 8 años abonar 70.000 euros anuales, es decir, 5.800 euros todos los meses, casi un millón de las antiguas pesetas cada treinta días para hacer frente a la indemnización.

Pero antes de entrar a valorar el Plan de Pago, debemos tener en cuenta cómo hemos podido llegar a esta lamentable situación, pues aunque el Alcalde se centrara en el Plan de Pago, lo cierto es que esta indemnización que en el mejor de los casos equivale al 53% del presupuesto anual, no es fruto de la casualidad ni de ninguna conspiración de los dioses contra nuestro municipio. Muy al contrario, esta situación es fruto de decisiones tomadas por el PNV en el Ayuntamiento de Barrika y en la Diputación de Bizkaia con el único ánimo de beneficiar intereses de unos pocos a costa de los intereses generales del pueblo. Por eso es necesario entender, antes de adentrarnos en el documento en cuestión, cómo hemos llegado hasta aquí. Efectivamente, lo cierto es que esta demanda es el resultado de un conjunto de medidas que se han aprobado en este Ayuntamiento, empezando desde 1997 hasta 2005 cuando, por fin, el PNV empieza a tomarse en serio este asunto y se paralizan las licencias. Como se sabe, en 2009, el Tribunal Supremo declaró en sentencia firme, y sin posibilidad de más recursos, la reclasificación de Barrikabaso como nula de pleno derecho. El Tribunal Supremo con esta decisión ratificó lo que las dos anteriores habían dicho: que la reclasificación era ilegal. Como hemos denunciado en numerosas ocasiones, la ausencia de la toma de medidas cautelares por parte del Ayuntamiento hasta 2005 ha contribuido significativamente a que hoy tengamos sobre la mesa esta sentencia condenatoria y por ese abultado importe.

Pero este breve relato sólo explica la vía administrativa en la que se ha desarrollado todo este entramado urbanístico. Sería imposible entender algo de este complejo asunto, si no tuviésemos en cuenta que el origen de todo esto está en la reclasificación de unos terrenos que poco antes habían sido declarados como de Especial Protección Paisajística (en 1988 por el GV y en 1991 recogidos en las NNSS de Barrika) por su valor medioambiental. Terrenos que se reclasifican, obviamente, para construir; concretamente 80 viviendas unifamiliares o chalets con la excusa de construir –en la zona de San Telmo- 12 de carácter social. O lo que es lo mismo, bajo el manto de 12 viviendas sociales, el PNV aprobó  pasar de zona protegida a zona para construir. Argumento que, evidentemente, salvo los interesados, nadie se creyó y que es precisamente el argumento principal sobre la que se sostiene la sentencia del TS de declarar ilegal tal reclasificación. Por tanto, no estamos ante una conspiración de los dioses contra Barrika sino ante una serie de medidas que se aprobaron en el Ayuntamiento de Barrika y que se origina con los votos favorables de todos los concejales del PNV y, con los dos votos en contra de HB en junio de 1997. HB además presentó una alegación desmontado la “excusa” de las viviendas sociales y dejando claro que en todos los desarrollos urbanísticos previos a la reclasificación de Barrikabaso, en ninguna se había proyectado una sola vivienda de carácter social: Elejalde II, Zabaletxe, Lepola Abaroa. Estas zonas, no estaban protegidas paisajísticamente y, por ello, no hubo problemas para desarrollarlas urbanísticamente. Pero Barrikabaso sí estaba protegido, pero a pesar de ello (y con una gran cantidad de terreno para urbanizar en otras zonas más apto que esa zona protegida) el PNV no tuvo inconveniente en reclasificar el suelo para que promotores de ilustre apellido y elevados contactos en el PNV (uno era tesorero del PNV de Bizkaia en ese momento) pudieran pegar el pelotazo.

El representante de Ibarrika procuró en vano defender la tesis, que comparte con su socio de gobierno el PNV, de que el problema se originó y concluyó en 1997 afirmando además (textualmente) “que los concejales no sabían lo que votaban” procurando así trasladar la responsabilidad fuera del PNV. Primeramente, hay que advertir que no es cierto que las responsabilidades sobre este asunto se circunscriban a 1997, como torpemente nos quieren hacer creer, pues como venimos denunciando, hasta 2005 (con dos sentencias contrarias ya para entonces) no se tomó ninguna medida cautelar. Por ello, hasta esa fecha en la zona de Barrikabaso y, a pesar de que se sabía que podía ser declarada ilegal, el Ayuntamiento siguió otorgando licencias y permitiendo el desarrollo urbanístico de la zona. Así permitió su deterioro medioambiental (que será la siguiente factura que nos tocará pagar en este saco sin fondo) y permitió también la urbanización de la zona que es precisamente por lo que debemos indemnizar ahora a las promotoras. Respecto al esperpento de que no sabían que es lo que votaban poco se puede añadir, pero sí podemos preguntarle al portavoz de Ibarrika si él cuando votó anteayer el plan de pago que reconoce que Barrika debe asumir el 50% de la indemnización lo hace siendo consciente de lo que vota o no. El día anterior al Pleno, en  Comisión de Portavoces, por ejemplo, dicho portavoz criticó con dureza el Plan de Pago, al día siguiente en su intervención en el Pleno no destacó ninguna virtud del mismo pero, al final, dando incluso un tiempo para el suspense, levantó la mano junto al resto de compañeros de gobierno. Decir una cosa, para hacer lo contrario.

Entre tanto, el PNV, con el Alcalde a la cabeza, como ya es habitual en ellos mantuvieron un escrupuloso silencio, a pesar de las graves acusaciones que se vertían contra ellos, conscientes tal vez, que ante semejante situación sólo tenían la opción de sumarse en las excentricidades dialécticas del portavoz de Ibarrika (ex alcalde del PNV) o mantener la boca callada ante una gestión difícilmente defendible. Optaron claramente por lo segundo.

EHbildu Barrika centró su intervención en incidir en la responsabilidad que tiene el PNV de Barrika, no sólo en aquel 1997 sino desde entonces hasta incluso el día de hoy con la pésima gestión de la indemnización que está realizando. Expusimos tres ejemplos que entendemos clarificadores en este sentido.

1-. No se puede negar que el PNV de Barrika siempre ha estado del lado de las promotoras, incluso cuando ello podía ser perjudicial para los interese de los vecinos y vecinas de Barrika. Por ejemplo recurrió, junto a Diputación y promotoras, todas las sentencias que declaraban la reclasificación como ilegal, hasta que el TS dio por zanjado el asunto. Si en lugar de esta defensa a ultranza de la reclasificación, que además costó enormes cantidades al Ayuntamiento, hubiese dejado a Diputación y promotoras defenderse solas a día de hoy no hubiésemos tenido que afrontar esta indemnización pues la responsabilidad del Ayuntamiento serían minimizadas significativamente.  Aun así, y sin ninguna necesidad para ello, el PNV de Barrika optó por implicar al Ayuntamiento también en esta batalla. El resultado: que nos toca pagar a los vecinos y vecinas de Barrika la indemnización. Pero por el contrario, cuando la sentencia ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar a las promotoras en perjuicio de los vecinos y vecinas de Barrika, el PNV de Barrika se ha negado a recurrir la sentencia, alegando los costes, las escasas opciones de ganar etc. Criterios que no tuvieron en consideración cuando recurrieron por dos veces las sentencias en contra de la reclasificación. La doble vara de medir y las preferencias del PNV son tan evidentes que sólo puede negarlas quién no quiera mirar.

2-. El PNV tampoco tomó medidas cautelares de ningún tipo (incluso cuando Txipio las solicitó) permitiendo, como comentamos anteriormente, la urbanización de la zona, movimientos de tierra, proyectos etc… que es lo que precisamente nos exigen las promotoras. Hasta 2005 el PNV siguió como si nada hubiese pasado, demostrando sus grandes dotes de gestión.

3-. En noviembre del año pasado se comunicó la sentencia condenatoria y la oposición, en otro ejemplo de transparencia municipal, tuvimos que enterarnos por la prensa de la misma. Incluso entre ambos días hubo un Pleno en el que el Alcalde no comentó nada ni cuando un vecino preguntó por Muriola. El secretismo en todos estos últimos meses ha sido absoluta y tuvo que ser EHbildu Barrika quién exigiese la comparecencia del equipo jurídico al servicio del Ayuntamiento. Pero tampoco esta vez el PNV de Barrika se ha centrado en defender los intereses de los vecinos y vecinas de nuestro municipio sino que ha asumido a pies juntillas lo que la Diputación le ha dicho y, que no es otra cosa, que asumir la mitad de la deuda. En ningún momento ha cuestionado el porcentaje de la sentencia, a pasar de que solidario no significa como dijimos antes a medias. Toda la estrategia ha estado encaminada desde el principio a no chocar con el principio impuesto por el PNV de Bizkaia. Por no contravenir al partido y a la Diputación ha asumido que los vecinos y vecinas de Barrika tengamos que asumir la mitad de la indemnización, a pesar de que fue el PNV a través de la Diputación la que ha insistido hasta el último momento en que la zona de Barrikabaso debía ser urbanizable. A finales del 2012, es decir tres años después de que la sentencia dejase bien claro la ilegalidad de la reclasificación, la Diputación aún presionaba para que esa zona fuese urbanizable, posibilitando la construcción de más viviendas. Por tanto, una vez más, a través de este plan de pago, el PNV de Barrika se ha plegado (junto a la estimable ayuda de Ibarrika) ha intereses que no sólo son ajenos a Barrika sino que además nos perjudican a todos los vecinos del pueblo. Prefieren que paguemos en Barrika, antes que oponerse al PNV de Bizkaia. Y además, con la aprobación del Plan de Pago, prefieren que sea un juez quién obligue a Barrika a cómo pagar, eso es en última instancia lo que se aprobó anteayer, a negociar con la Diputación una salida racional que no hipoteque el futuro inmediato de nuestro pueblo. Por ello, votamos en contra del Plan de Pago, porque supone, por un lado, asumir la mitad de la indemnización que insistimos es en el mejor de los casos el 54% de todos nuestros ingresos anuales con lo que ello implica y, al mismo tiempo, permitir que un juzgado decida sobre cómo debemos afrontar el pago pues no olvidemos que este plan de pago además de ser aceptado por el juez, también puede ser rechazado en cuyo caso podría ser que, finalmente, la Diputación tuviese que hacerse cargo de la diferencia de la indemnización (dado que el Ayuntamiento habría abonado para entonces 200.000 euros del principal de la deuda). Es decir, de ser rechazado, lo más probable sería que las promotoras exigiesen el resto de la cantidad a la Diputación (que luego exigiría al Ayuntamiento). El grado de incertidumbre generado por la nula capacidad negociadora del PNV sigue siendo, por tanto, elevado.

En esta situación es evidente la responsabilidad del PNV en todo este asunto pues no se puede negar que ha sido el partido jeltzale el que nos ha metido en toda esta historia. Por ello, desde EHbildu Barrika consideramos que sería el propio partido quién debiera pagar la indemnización (y el resto de costes relacionados con este tema que son cuantiosos (el mismo informe que se debatió costó a las arcas municipales 4800 euros). Ahora bien, las leyes son muy permisivas con este caso de desmanes (por algo hacen ellos la ley), y el camino de la responsabilidad patrimonial tiene escaso recorrido para estos casos (algo que se debería modificar urgentemente). Además estas actuaciones siempre se hacen a través de las instituciones siendo éstas las que pagan pasándonos después a la ciudadanía la factura final. Por ello, si jurídicamente no se puede perseguir al partido responsable y reconociendo que el PNV de Barrika es responsable, desde EHbildu Barrika entendemos que, efectivamente, el Ayuntamiento tendrá que rendir cuentas por sus decisiones, pero que el 50% es un porcentaje nada ponderado pues condena a pagar lo mismo a una institución de más de 7000 millones de presupuesto y a otra con 1,5 millones. Consideramos que esta desproporción ligada a la insistencia de la Diputación por urbanizar esa zona junto a su negligencia (siendo generosos en el término) a la hora de tutelar este tipo de actuaciones urbanísticas de acuerdo con sus competencias y obligaciones es del todo desproporcionado pues mientras que aquella apenas le supone esfuerzo económico a Barrika, sin embargo, le hipoteca a casi una década de pagos. Por tanto, no se trata de que el resto de bizkaitarras carguen con los desmanes aprobados en Barrika pero tampoco de ahogarnos por una cuestión en la que los intereses ajenos a Barrika han sido fundamentales. También por ello nos oponemos a este plan de pago que viene a consumar el atraco del PNV a las arcas municipales.

Finalmente, llegado el momento de la votación, ante la ausencia de un concejal del PNV, la votación se saldó con un empate a cuatro (3PNV+1Ibarrika por 3EHbildu+1Orain) que hubo que repetir para que pudiese aplicarse el voto de calidad del Alcalde. Así el Ayuntamiento reconoce que se hará cargo de la mitad de una indemnización que, recordemos, sólo es fruto de la irresponsabilidad continuada del PNV y que nos toca pagar a los vecinos y vecinas del pueblo que hemos tenido que soportar cómo han intentado construir en una zona que estaba protegida por su valor ambiental (y que como dijimos será la siguiente factura que nos llegará) y que además tenemos que pagar la mitad de los costes de una fiesta a la que no estábamos invitados. ¿Pero y esta mitad a cuánto asciende? Eso es lo que se trató en el siguiente punto pues esto tampoco está nada claro. Por no alargar más la nota, lo dejamos para la próxima entrada.