BARRIKABASO: EL ALCALDE DECIDE NO RECURRIR LA SANCIÓN DE 1,5 MILLONES.

Hoy, martes día 20, se ha celebrado la que probablemente sea la última comisión informativa. También probablemente haya sido la más bronca de toda la legislatura. Aunque no eran muchos los temas a tratar, el debate –con subidas de tono incluido- se ha centrado, especialmente, en la reclamación patrimonial de Muriola-Barrikabaso. Por ello, en las siguientes líneas nos vamos a referir a éste único punto, dejando para una próxima nota otros asuntos que se han tratado tanto en la comisión especial de cuentas (Presupuestos municipales o el estado de ejecución) o en la propia informativa (reclamación patrimonial del teniente alcalde, subvenciones, etc.).

Como sabéis, el 23 de noviembre nos enteramos por la prensa que el Ayuntamiento de Barrika y la Diputación de Bizkaia habían sido condenadas a pagar solidariamente una multa de 1,5 millones de euros por el intento fallido de construir 89 chalets y 12 viviendas de protección oficial en la zona de Muriola-Barrikabaso. En 2009 la sentencia del Tribunal Supremo, tras dos sentencias anteriores en el mismo sentido, declaró definitivamente nulo de pleno derecho la reclasificación que llevó a declarar una zona de especial protección paisajística como zona urbanizable. Así la modificación de las Normas Subsidiarias que se había aprobado provisionalmente en el Ayuntamiento en 1997 y que después sería ratificada por la propia Diputación de Bizkaia quedaba anulada. Entre la primera sentencia y la definitiva, el Ayuntamiento no tomó medidas cautelares, y parte de la urbanización de la zona se llevó a cabo, construyéndose incluso 14 viviendas. Las promotoras reclaman, precisamente, por el perjuicio económico que les supuso la anulación de dicha reclasificación.

La sentencia, en cuestión, se recibió en el Ayuntamiento, al menos el día 11 de noviembre. El día 21 de dicho mes tuvimos sesión plenaria y desde el equipo de gobierno no se nos comentó nada en absoluto. Hoy, incluso, el portavoz de Ibarrika ha comentado que él a pesar de ser miembro de la Junta de Gobierno se enteró por la propia empresa de la resolución judicial. De ser así, sólo el PNV conocía la sentencia hasta que ésta se hizo pública a través de un medio de comunicación.

Hoy, 20 de diciembre, casi mes y medio después de que el PNV conociese la resolución, se ha tratado por primera vez este asunto con el resto de grupos. Nosotrxs hemos solicitado la comparecencia del equipo jurídico encargado de defender la posición del Ayuntamiento del PNV, primero,  porque queremos conocer de primera mano la situación procesal y, segundo, porque no nos fiamos absolutamente nada de los miembros de la junta de gobierno. Su forma de gestionar el Ayuntamiento de espaldas a la oposición, con opacidad de información y, en algunos casos, directamente con falsedades han roto todos los puentes de confianza que alguna vez pudieron existir. Como hemos denunciado en numerosas ocasiones el ninguneo hacia el resto de miembros es total y absoluto.

Esta sentencia es recurrible pero tanto la Diputación como el Ayuntamiento parece que no quieren recurrirla. El plazo expira el viernes y la decisión tal y como lo ha dejado claro el Alcalde, la tomarán ellos solos. Así dan a entender que ambas instituciones gobernadas siempre por el PNV se conforman con la sanción de 1,5 millones, aunque todo indica, sin embargo, que los demandantes, es decir, las promotoras, sí recurrirán abriendo así la posibilidad a que la sanción sea aún mayor. De estimar la demanda de las promotoras en su totalidad, la indemnización superaría los 20 millones de euros.

Desde EHbildu Barrika hemos denunciado enérgicamente esta forma de actuar. Es difícil entender que ante una situación de esta gravedad no se hubiese convocado una comisión de urgencia, más si cabe teniendo en cuenta que el plazo para recurrir la sentencia era tan solo de 30 días. El PNV de Barrika, sin embargo, contra todo sentido común dejó que corriesen los días y hoy nos explica a cuenta gotas, y  porque lo hemos preguntado, que seguramente tampoco recurrirá la sentencia. Ellos toman las decisiones sin tan siquiera escuchar al resto de grupos, pero luego nunca asumen las responsabilidades de sus acciones. El 12 de junio de 1997 cuando el PNV, en solitario y obviando una alegación de Herri Batasuna que alertaba del despropósito que se iniciaba, aprobó la modificación provisional de las normas que hoy nos condenan a pagar, de momento, 1,5 millones de euros, el presupuesto municipal de todo un año. Mientras duró el proceso judicial, ellos, el propio PNV, tampoco tomó ninguna medida cautelar a pesar de que ninguna de las sentencias le daban la razón y permitió que la urbanización de la zona creciera encareciendo cada vez más  la demanda patrimonial en caso de que la última y definitiva sentencia tampoco le diese la razón. 4 sentencias en contra del Ayuntamiento y aún tenemos que escuchar que las cosas se hicieron bien y, por supuesto, nadie ha asumido responsabilidad alguna. Y todo aquello, además, con el único objetivo de beneficiar a dos promotoras que querían inundar de chalets una zona que poco antes había sido declarada de protección especial paisajística. 

Hoy no tocaba hacer una lectura política del despropósito de Barrikabaso, aunque inevitablemente el debate en algunos de sus momentos más tensos ha girado por ahí. Hoy, debería haberse debatido sobre los argumentos a favor o en contra de recurrir la sentencia, tras haberse dispuesto a todos los grupos de la información disponible con la suficiente antelación. Pero el PNV, con la ayuda de Ibarrika, ha secuestrado toda posibilidad de debate, de trabajo conjunto. Y lo que en cualquier otro ayuntamiento sería lo normal, y más aún tratándose de temas de esta gravedad, en Barrika, lamentablemente, es imposible. Aquí se gobierna de espaldas a la oposición y, mucho nos tememos, que también, de espaldas a la realidad.