UNA MANIPULACIÓN COMO UNA CASA

El día 24 de abril el diario El Correo publicaba un artículo -con foto incluida- sobre una chabola almacen que se ha construido en una zona de protección arqueológica. En él se acusa a un vecino de haber construido una “casa” de manera “ilegal” y se menciona que el Ayuntamiento tuvo que paralizar la obra mientras se decide por su derribo o su regularización. Cita fuentes municipales sin especificar para afirmar que la chabola de aperos inició la construcción sin permiso. Así mismo para sostener esta información el diario se apoya en declaraciones del concejal tránsfuga Heri Lago-Lekue a quién describe como cabeza de lista por Eusko Alkartasuna en la legislatura anterior y que además de corroborar que se trata de una “casa” y que es “ilegal” añade que el promotor de la edificación es simpatizante de EHBildu lo que le da pie para criticar a dicha formación por favorecerle.

El artículo, por tanto, gira sobre dos ejes en la que por un lado se menciona que se ha construido una casa de manera ilegal y, por otro, se vincula al propietario con la izquierda abertzale para arremeter seguidamente contra EHBildu por un supuesto trato de favor. A continuación, mostraremos cómo ambas carecen de fundamento alguno. Además, plantearemos una serie de cuestiones que, entre otras, hemos trasladado a la Comisión Informativa de ayer martes y que por falta de tiempo aún no nos ha contestado el Alcalde pero que seguimos pendientes de sus respuestas.

 

Antes de nada, es preciso, complementar la extemporánea descripción que hace en el artículo del concejal no adscrito y que puede ayudar al lector o lectora a comprender el porqué del sesgo que toma la nota. Efectivamente, es cierto que el concejal no adscrito fue cabeza de lista por Eusko Alkartasuna la legislatura anterior, pero este dato además de poco relevante puede inducir al error dado que se “olvida” comentar que durante esta legislatura fue elegido por la lista de Bildu, coalición que posteriormente apartó al concejal y que definitivamente fue expulsado, precisamente, de Eusko Alkartasuna. De ahí su condición de no adscrito en el Ayuntamiento que solicitó la propia Eusko Alkartasuna (ver aquí) en tanto en cuanto éste no devolviera su acta de concejal, cosa que, evidentemente, no ha hecho ni parece que vaya a hacer. Por tanto, parece lógico que no quepa esperar una gran ecuanimidad por parte de sus manifestaciones respecto a EHBildu. Una vez aclarado esta cuestión, tal vez se entienda mejor por qué el artículo en cuestión no parece decidirse por si lo noticiable es que se construya una “casa” en el entorno del futuro biotopo o que el vecino haya recibido un trato de favor por parte del Ayuntamiento por sus simpatías políticas. A continuación veremos que ni lo uno ni lo otro se sostienen.

Respecto a la construcción, debemos aclarar que tal como recoge en la segundo artículo publicado dos días después (29 de abril) por El Correo, el vecino sí ha tenido licencia para construir la edificación, que no casa ni vivienda. Es más, en caso del que el Ayuntamiento se la hubiese denegado, el particular podría haber denunciado al consistorio con toda razón. Y es que una vez transcurridos tres meses desde que se solicita la licencia en ausencia de respuesta el promotor tiene de facto el derecho para acometer su proyecto. Y lo comenta el susodicho diario en el segundo artículo por boca de EHbildu, pero es algo que las fuentes municipales citadas deberían haber comentado desde un principio, pero parece que no fue así. Por tanto, no es cierto que el particular iniciase la construcción sin la licencia tal como afirma el diario de marras.

Respecto al trato de favor, también se aclara en parte en la segunda nota que publica el diario, mucho más breve que el artículo original por cierto. Es un recurso muy utilizado por el concejal trásfuga decir que cómo el concejal de EHbildu fue presidente de la Comisión Técnica de Urbanismo éste tenía todas las competencias (y por tanto, responsabilidades) sobre urbanismo, cosa que evidentemente es falso y él debería saberlo mejor que nadie puesto que él también fue presidente en este caso de la Comisión Técnica de Cultura y no podía, por mucho que quisiese, hacer lo que le viniese en gana en el área de cultura. Las comisiones técnicas no fueron más que grupos de trabajo en la que participaban todos los concejales/as divididos en tres áreas diferentes y la responsabilidad de los presidentes/as se limitaba a coordinar y ordenar el trabajo, es decir, sin poder ejecutivo alguno. Por consiguiente, el Alcalde, que también era miembro de urbanismo, mantenía intactas todas sus competencias. Así  tanto antes como ahora, la competencia de otorgar y negar licencias urbanísticas competen al Alcalde, y a nadie más, salvo que no delegue en el Pleno. Por tanto de haberse permitido irregularidad alguna, la responsabilidad sería bien del Alcalde o de los servicios técnicos del Ayuntamiento a su orden puesto que no se entiende (y tampoco lo explica el concejal que acusa) cómo podría haber intercedido el concejal de EHbildu en favor de este vecino.

Así mismo, también es el Alcalde el competente para paralizar una obra, cosa que no ha hecho y que por tanto, es del todo falso que el Ayuntamiento de Barrika “tuvo que paralizar la obra”. No existe ninguna orden por parte del Alcalde en ese sentido. Otra cosa bien distinta es que se le otorgue categoría de orden a una recomendación transitoria (por cuestiones que nada tienen que ver con la ilegalidad o no de la construcción) por parte de los servicios técnicos que detectan una serie de modificaciones respecto al proyecto original y del que advierten que deberían ser incorporadas al proyecto de fin de obra en el plazo de un mes. Mientras tanto recuerda que debe parar la obra, pero no por nada que ponga en duda su legalidad sino por esas modificaciones que no estaban especificadas en el proyecto inicial. Proyecto, por cierto, que el particular presenta antes de vencer el plazo y que, efectivamente, cumplen escrupulosamente con las Normas Subsidiarias vigentes. Y es este documento, en concreto, el que al parecer se filtra desde el Ayuntamiento y se utiliza de manera parcial y torticera puesto que se descontextualiza para poder afirmar que se ha paralizado la obra mientras “se decide su derribo o regularización”, nada más lejos de la realidad. Sabemos de lo complejo del urbanismo y de sus tecnicismos, pero cuesta creer que esta burda malinterpretación unido a la vinculación de la sensibilidad política del vecino no responda a la mala fe. ¿Realmente es creible que el sesgo, el contenido y la relevancia otorgada al artículo hubiese sido la misma de tratarse de un vecino sin adscripción política conocida? Permítannos que lo dudemos.

Para terminar, queremos dejar bien claro que independientemente de la adscripción política que tenga el promotor de cualquier proyecto, éste tiene derecho a que se le trate con estricto cumplimiento de las Normas y legislaciones vigentes (¡ha pasado casi un año desde que solicitó la licencia!) y no se le pisotee argumentando medias verdades, cuando no falsedades, a las que lamentablemente, nos vamos acostumbrando. Hasta ahora, puesto que aún no se ha resuelto definitivamente el expediente (falta el visto bueno de Diputación que está pendiente de una respuesta del Ayuntamiento que no sabemos si ya se ha tramitado o no) lo cierto es que no hay ninguna ilegalidad en dicha construcción que ponga en riesgo su edificación. Deberá la Diputación determinar si procede o no dicha edificación pero con el plazo transcurrido nos tememos que también el silencio administrativo será aplicable en este caso. Lo cual es indicativo, y creemos que es ahí donde debería apuntar la nota, de la importancia que le otorga la Diputación a esta zona de Barrika.

El artículo original finaliza afirmando que la Diputación también alerta al Ayuntamiento respecto a un desbroce en una parcela contigua, pero una vez más yerra en su interpretación del citado informe puesto que éste alude a otra zona más alejada que efectivamente está cerca de las excavaciones arqueológicas. Por otro lado, es cierto que en la parcela contigua se han acometido ese tipo de actuaciones, incluso en mayor grado que en la mencionada, pero no que la Diputación haya alertado sobre ellas, no al menos en dicho informe ni en ningún otro del cual tengamos conocimiento en EHbildu.