Estamos
pasando unos tiempos intensos, y para empezar queremos decir que con la
operación contra Herrira al Gobierno del PP le ha salido el tiro por la culata.
Además de haber hecho el ridículo enviando a la Guardia Civil a detener y
trasladar a Madrid a 18 personas por el grave delito de defender los DDHH de
los presos vascos, han conseguido principalmente situar en la centralidad del
debate político esa cuestión y la necesidad de que el Gobierno español
modifique sustancialmente la política penitenciaria.
La
sociedad vasca ha rechazado de manera mayoritaria este despliegue de
totalitarismo y lo ha entendido como una agresión al trabajo legítimo en
defensa de los derechos de los presos y también como una prueba fehaciente de
que el PP está interesado en que volvamos a vivir en los tiempos anteriores a
octubre del 2011; en aquel entonces, para imponer su posición les bastaba con
convocar al Pacto Antiterrorista, ahora en cambio se saben perdedores y
minoritarios si de debate político o electoral se trata. Cuando las reglas del
juego son la democracia y el respeto a todas las ideas, el Constitucionalismo
español es débil y minoritario y no pueden soportarlo.
El
Partido Popular y también el PSOE son alguien en este país porque juegan con
las cartas trucadas. Mantienen unas reglas de juego a su medida; ellos deciden
quién juega y quién no, a qué se juega, qué jugadas se pueden hacer y cuáles
no, y cuando hay dudas sobre los lances del juego, tienen árbitros que ellos
mismos han nombrado y que están para proteger esos intereses que les son
comunes, los que les dan de comer y mantienen en sus puestos. Un parlamentario
del PP ha llegado a decir que el Estado va a derrotar las ideas legítimas del
independentismo (con todo lo que eso quiere decir, estas semanas hemos visto
cómo pretenden hacerlo) y se ha quejado porque le han llamado fascista. Llamar
fascista a quien dice y además hace eso no es un insulto, es constatar la
naturaleza de un comportamiento: totalitario, falangista y en consecuencia,
netamente fascista.
Tenemos
que añadir que somos muy críticos con la actitud que ha mantenido el gobierno
de Gasteiz. La operación policial que se saldó con la detención de 18
activistas de DDHH se llevó a cabo con la participación de la Ertzaintza;
recursos públicos de la autonomía se utilizaron para que esas 18 personas
terminaran en la Audiencia Nacional y para agredir físicamente a docenas de
ciudadanos entre ellos una senadora de Amaiur, y eso es un síntoma de sumisión
hasta en lo más injusto que es denunciable políticamente.
Y
también tenemos que decir que el acuerdo alcanzado por los grupos
parlamentarios del PNV y EHBildu en Gasteiz arroja algo de luz sobre muchas
sombras. Los contenidos del documento -que denuncian las detenciones, y sitúan
las responsabilidades del boicot al proceso de paz en el Partido Popular-,
apuntan la dirección en la que el PNV y la Izquierda Soberanista debemos
avanzar si queremos llevar el proceso de paz y normalización política hasta sus
últimas consecuencias. Desde el valor del contenido de la declaración, queremos
emplazar al PNV a pasar de las palabras del acuerdo a los hechos. Si el PNV
decide recorrer la senda de la normalización política y social haciendo frente
a quienes desde diversas instancias no quieren la paz, se encontrarán con una
izquierda abertzale con absoluta disponibilidad para el trabajo conjunto y
poder hacer un camino propio como país.
Como
no podría ser de otra manera, queremos mostrar nuestra satisfacción por la
puesta en libertad de los 18 detenidos de Herrira. Y también por el hecho de
que parece que todos van a volver a casa enteros, una novedad que ha sido
ampliamente recogida por los medios de comunicación y que en sí misma es
significativa de cuál es el estado de las cosas. Es curioso que cuando no hay
incomunicación, no hay denuncias de malos tratos y además nadie declara contra
su voluntad. Se acaba de demostrar efectivamente algo que se viene denunciando
desde hace mucho tiempo, que es que incomunicación es igual a malos tratos y
tortura, para amedrentar al detenido y a su entorno y para obtener
declaraciones forzadas. Quien no quiera verlo es que tiene un gran interés en
que el miedo y las amenazas continúen, no tiene otra explicación.
No
podemos pasar por alto que el resultado de la operación contra Herrira tiene un
saldo provisional de detenciones durante 4 ó 5 días, pago de fianzas en algunos
casos, otras restricciones de libertades civiles, y además la posible apertura
de una causa que puede derivar en una acusación que conlleve prisión; y además,
Herrira ha sido suspendida durante dos años. Si así piensan que la defensa de
los derechos de los presos vascos va a ser relegada al olvido, todavía no
conocen a este país. La ciudadanía vasca está determinada a desarrollar el
proceso de paz y para ello la
defensa de los derechos de los presos vascos y el cambio de política penitenciaria es determinante.
defensa de los derechos de los presos vascos y el cambio de política penitenciaria es determinante.
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