MURIOLA, ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

El origen del “problema” de Barrikabaso fue favorecer los intereses de la familia Lezama Leguizamón, “reclasificándoles” en 1.997 terrenos clasificados en las Normas Subsidiarias como no urbanizables de especial protección paisajística a urbanizables.

Esta reclasificación constituyó un agravio comparativo respecto al resto de propietarios de terreno que 17 años después siguen aún esperando un nuevo plan urbanístico para Barrika. Tampoco satisfacía interés general alguno para  Barrika y sus habitantes y, además, fue declarada ilegal de forma reiterada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo (dando la razón a la Asociación Naturalista “Txipio Bai” que había recurrido dicha reclasificación).
 

El único responsable del “problema” de Barrikabaso es, por tanto, quien plegándose a unos intereses particulares propició el “problema”, es decir, el PNV: tanto a través de sus concejales en el Ayuntamiento de Barrika (quienes aprobaron inicial y provisionalmente la reclasificación) como la Diputación Foral de Bizkaia que aprobó definitivamente la reclasificación.

Pero, además, el PNV de Barrika ha agravado más el problema permitiendo la ocupación de “facto” de 14 chalés sin licencia de primera ocupación pese a que la obtención de ésta era preceptiva legalmente tanto por las Normas Subsidiarias vigentes como por el propio condicionado de las licencias de construcción que otorgó.

Desde la sentencia del Tribunal Supremo (julio/2.009) ¿qué ha hecho el PNV?

1.- En la época de Juan José Ezpeleta “obviar” el contenido de la sentencia con una interpretación jurídica zafia e ignorante y proponer construir más casas. Hoy en día, Ibarrika sigue defendiendo esa posición, sin ningún documento que sustente que eso sea posible sin contravenir la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, no aporta ninguna solución factible y sigue vendiendo humo a los propietarios de las viviendas y de los terrenos.

2.- En la época de José Madariaga, actual Alcalde, en un principio tampoco nada.  Después el representante de Txipio Bai en la primera reunión del Consejo Asesor de Planeamiento a la que acudió planteó que la negación de la realidad no iba a cambiar esta realidad y que la solución podía ser un acuerdo entre el Ayuntamiento, los propietarios de las construcciones y la asociación que representaba, y que este acuerdo debiera basarse (como acuerdo de mínimos) en que el suelo siguiera siendo no urbanizable de especial protección paisajística (no permitiendo nuevas construcciones) y que las construcciones pudieran ser ocupadas y por tanto adquirir la condición de viviendas con la categoría de disconformes con el planeamiento.

En base a estos principios  Begoña Lekanda, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, después de una reunión con Txipio Bai, encargó a los técnicos municipales que trabajaran en este acuerdo. A día de hoy el PNV niega este acuerdo, pero ¿alguien puede pensar que los servicios técnicos del Ayuntamiento se pongan por su cuenta y riesgo a redactar un documento de semejante envergadura a espaldas del partido del gobierno? Desde luego nosotros/as, no.

Así, los técnicos del Ayuntamiento, propietarios y Txipio Bai trabajaron durante meses en un convenio urbanístico basado en la clasificación de Barrikabaso como suelo no urbanizable de especial protección paisajística y las viviendas disconformes con el planeamiento. Cuando el documento estaba redactado, el PNV cambió de opinión (proponiendo su clasificación como urbano y construir alguna casa más) y buena parte de los propietarios se mostraron a favor. El cambio de posición del PNV de Barrika se manifestó en el bronco Pleno Extraordinario de septiembre de 2013 con continuos ataques contra los concejales de EHbildu y los Verdes tanto por parte del PNV e Ibarrika como del representante de los vecinos de Muriola. Mientras EHbildu y Verdes instaban al Alcalde a que la solución pasaba por el Convenio y por el acuerdo entre las partes afectadas, el Alcalde imponía el criterio de suelo urbano, lo que irremediablemente implicaba una nueva judicialización del problema que tanto PNV como la asociación de Muriola en aquél momento parecían asumir. El PNV, además, obtenía la mayoría gracias a los votos de Ibarrika y la ausencia “casual” de los dos tránsfugas (ver aquí su crónica).

Ante esto Txipio Bai, que ya había advertido de esta vía si no se alcanzaba un acuerdo, interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Barrika por permitir la ocupación ilegal de las casas sin licencia y los concejales del PNV, pese al hecho incuestionable de que no existe licencia de ocupación alguna  y de que la  ley califica esta ocupación como clandestina, tomó la decisión de no allanarse a la demanda por lo que el Ayuntamiento puede ser condenado a pagar las costas del recurso. Esto lo hizo, además, en contra de la mayoría del Ayuntamiento, pero como es competencia del Alcalde siguió adelante sin importarle la posición mayoritaria de los concejales/as.

A día de hoy el perjuicio económico que el PNV ha causado a Barrika es difícil de cuantificar: miles de euros en abogados y procuradores para defender una reclasificación ilegal, más miles de euros en más abogados y procuradores para defenderse de la demanda que ha interpuesto la familia Lezama Leguizamón contra el Ayuntamiento y contra la Diputación,  más cientos de miles de euros más si esta demanda llega a prosperar, más miles de euros si condenan en costas al Ayuntamiento en el caso de la falta de licencia de ocupación, más miles de euros en una modificación puntual que viene a recoger lo que decía el convenio de hace más de un año y que era gratis…

A todo esto hay que añadir que, pese a que la urbanización Muriola no ha sido recepcionda por el Ayuntamiento, por decisión del PNV el Ayuntamiento ha pagado y sigue pagando la factura eléctrica de esta urbanización. Este gasto, absurdo e ilegal y que incluso pudiera calificarse como delictivo ascendería a más de 70.000 euros.

Los propietarios de las viviendas que confiaron en los cantos de sirena del PNV, que les prometían un suelo urbano, han visto cómo este partido no ha hecho más que enquistar más aún su situación. Un año después, el PNV reconoce que no puede ser suelo urbano y se adviene a los términos del Convenio, pero los vecinos/as ahora se encuentran inmersos en un proceso judicial que puede terminar expulsándoles de sus casas. La firma del Convenio, sin embargo, hubiese evitado esta situación hace mucho tiempo pero el PNV se empeñó en una solución sin fundamento jurídico alguno (nunca presentaron informe alguno que sustentara esta posibilidad) con el objeto de beneficiar a los propietarios de los terrenos sin edificar y poniendo en riesgo las casas de los que sí habían construido (con el beneplácito de algunos de ellos). Lamentablemente para todos, esta vía sólo ha servido para que el sufrimiento de las familias de las casas se haya incrementado y alargado en el tiempo.

En conclusión, por mucho que el PNV de Barrika quiera vendernos otra versión, la triste realidad es que el PNV de Barrika es rehén de su pasado y de su presente como defensor de intereses privados y que las consecuencias económicas de todo esto las pagamos (y pagaremos) entre todos nosotros/as.